El Senado aprobó ayer (20/10) la Propuesta de Reforma Constitucional (PEC) 17/2019, que incluía la protección de datos personales como un derecho fundamental en la Constitución brasileña. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por la Cámara, y ahora defiende el derecho a la privacidad de la información en medios físicos y digitales.

Escrito por el senador Eduardo Gomes (MDB-TO), el PEC establece la responsabilidad del Unión en la definición de cómo se deben administrar los datos y qué se puede y qué no se puede hacer con ellos. La ley entra en vigor a partir de la fecha de publicación.

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La senadora Simone Tebet (MDB-MS), relatora del proyecto, afirmó que el PEC necesitaba dos ajustes antes de la aprobación, lo que resultó en la devolución y envío de un propuesta sustituta, a cargo del diputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

El primer ajuste fue crear una cláusula específica para los datos personales, en lugar de incluirlos en el mismo derecho de inviolabilidad de sus comunicaciones. El segundo, asignar responsabilidades al Sindicato.

“Este PEC no deja lugar a dudas sobre cualquier evolución normativa condicionada a los términos de la LGPD. Es un PEC pionero, que retrata la importancia del tema ”, dijo el relator al La Agencia Senado.

La constitución puede otorgar más autoridad a la ANPD

Con la aprobación de la PEC, la Constitución define que la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) recibe una mayor autonomía sobre la información personal, con decisiones de carácter legal. Ahora, la institución será responsable de estipular la protección y responsabilidad de la información personal en poder del sector privado.

Hoy, la Ley General de Protección de Datos (LGPD) requiere que las empresas garanticen la confidencialidad de la información sensible e informen a las personas cuyos datos se han visto comprometidos. En caso de daños directos derivados del mala administración información, la ANPD también puede responsabilizar a las empresas y exigir la retractación.

Sin embargo, ANPD, que ayuda en estas situaciones, no tiene poder de decisión sobre cómo las empresas utilizan los datos, por ejemplo, cuando las aplicaciones o las redes sociales los venden con fines publicitarios. La aprobación del proyecto puede crear otra imagen de cómo se gestionará la identidad digital en el futuro.

Imagen: Cristian Storto / iStock

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