El operador Claro, que lanzado recientemente su último balance trimestral, fue ordenado por el Tribunal Federal a pagar R $ 200 mil por la inadecuada prestación de servicios de telefonía móvil en Piauí. 

A acción, que considera el período comprendido entre enero y octubre de 2009, fue presentado por el Ministerio Público de la Federación. La demanda es que Claro brinde los servicios telefónicos de manera adecuada, completando su proyecto de expansión de red, lo que en la práctica reducirá los niveles de caídas y bloqueo de llamadas registradas en el estado.

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Martillo del Tribunal de Justicia; Por supuesto, se le ordena pagar 200 mil reales por un mal servicio de telefonía móvil.
Claro está condenado a pagar R $ 200 mil por brindar un servicio inadecuado de telefonía móvil en Piauí. Imagen: Zolnierek / Shutterstock

El MPF determinó el pago de un monto superior, R $ 50 millones por daño moral colectivo, además de la intensificación de la fiscalización de los servicios de telefonía móvil en la región por parte de la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones).

Véase también

Según Anatel, en el período mencionado en el proceso, los usuarios de teléfonos celulares en Piauí crecieron sin la expansión de la red de Claro, lo que debiera incrementar la capacidad de atención simultánea a los clientes del operador. Esto resultó en un aumento en la tasa de bloqueo, caracterizando la inadecuada prestación del servicio.

Finalmente, el MPF apeló la decisión, considerando insignificante el monto de R $ 200 mil frente a las ganancias registradas por Claro: "como dolor y sufrimiento colectivo, (R $ 200 mil) corresponde a un porcentaje microscópico frente al sustancial valor de Claro S / A, que se registró en 2019 utilidad neta de R $ 13,969 millones de reales ”declaró el Ministerio Público Federal. 

Las autoridades señalan que el valor “absolutamente desproporcionado a la capacidad económica de la empresa” tampoco ayuda a prevenir “prácticas abusivas similares” por parte de otras empresas en el futuro, así como a minimizar el “carácter pedagógico de la condena según establece la ley”.

fuente: MPF

Imagen principal: Jeniffer Fontan / Shutterstock

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